viernes, 23 de diciembre de 2016

Poder Judicial Federal

Concede la SCJN Suspensión Provisional a Cuauhtémoc Blanco
  
• Concede suspensión para que como consecuencia del juicio político no se le remueva de su cargo y quede sin efecto la prohibición de que salga del estado de Morelos, hasta que la Corte resuelva la controversia.

El Ministro Javier Laynez Potisek, integrante de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite el juicio de controversia constitucional que promovió el presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, en contra de la substanciación del procedimiento de juicio político que se le inició por parte de los poderes Legislativo y Judicial de dicha entidad, quienes deberán dar contestación a la demanda en un plazo de 30 días.
Asimismo, se concedió una suspensión para que se continúe con la tramitación del procedimiento de juicio político al que se encuentra sujeto el promovente, pero no se ejecute la resolución final que se dicte en el mismo y como consecuencia de ello no se le remueva al promovente del cargo de Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos y para que se suspenda la ejecución de la providencia cautelar impuesta por la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, consistente en la prohibición de que el promovente salga del Estado de Morelos .
Todo ello sin prejuzgar sobre el fondo de la controversia y hasta en tanto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie respecto del fondo del presente asunto, con el fin de preservar la materia del juicio .

Las determinaciones señaladas fueron notificadas el día 17 de diciembre de 2016 al Congreso del Estado, el Tribunal Superior de Justicia estatal y al Municipio actor y surtieron efectos de inmediato.

Poder Judicial Federal

EL MINISTRO PRESIDENTE LUIS MARÍA AGUILAR MORALES
HIZO UN LLAMADO A EVITAR LA
CONFRONTACIÓN Y A TRABAJAR EN UNIDAD
  
El nuevo sistema penal es responsabilidad no solo de los jueces, sino de todos los actores que participan en él, que están obligados a cumplir con la ley y respetar, sin excepción y sin excusas, los derechos fundamentales de toda persona, si es que realmente éstos se toman en serio, afirmó el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
“Los juzgadores estamos obligados a hacer que se respeten los derechos de las personas. No es opcional. No podemos eludirlo, está dispuesto en la Norma Suprema. Resulta paradójico que incluso algunos de aquellos que impulsaron la reforma Const
itucional de 2011, ahora se inquieten por la exigencia de los jueces de que se cumpla”, manifestó en sesión solemne de Plenos, en la que rindió su informe de labores correspondiente a 2016 ante el Poder Judicial de la Federación.
“Queremos un México de paz, que viva en tranquilidad. Al igual que todos, exigimos el respeto de los derechos sin distinción, como jueces es nuestra tarea y obligación velar por la existencia real y efectiva del Estado de derecho. Si los jueces somos criticados por cumplir con la Constitución, lo tomaremos como un cumplido”, manifestó.
A los jueces, en el nuevo sistema penal, les corresponde no sólo cumplir con su deber, sino exigir y vigilar que toda autoridad lo haga, aseguró al rendir su informe ante los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto, integrantes de su gabinete, y los presidentes de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados, quienes asistieron como invitados especiales a la sesión en la sede del Alto Tribunal.
Los juzgadores federales no son indiferentes a la problemática del país ni evaden sus responsabilidades, sostuvo el Ministro Aguilar Morales, pero aclaró que, pese a lo que señalen la opinión pública o los medios, nadie es culpable sino hasta que así se demuestre siguiendo el debido proceso legal, y hasta que exista sentencia firme inmodificable de un juez competente que así lo determine.
Destacó que el PJF participa de manera relevante, pero responsable en el sistema penal, y como ejemplo dio algunas estadísticas de las múltiples acciones realizadas en el procedimiento penal, en la tarea de combatir el delito.
“Nuestros jueces emitieron legal y oportunamente 859 órdenes de cateo el 70 por ciento de las solicitadas; de las peticiones de arraigo se concedieron 24, esto es el 63 por ciento, de las pedidas. Además, los juzgadores federales dictaron tres mil 702 órdenes de aprehensión, de las cuales 456 ya correspondieron al nuevo sistema, así como otras muchas medidas legales, siempre que han estado plenamente justificadas a criterio de los jueces y conforme a la ley.

Combate a la corrupción
El Ministro Presidente reiteró también el compromiso de su administración con el combate a la corrupción, una práctica incompatible con la esencia del juez, con su inherente independencia, y calificó de mito y consigna mal intencionada la percepción de que el CJF no sanciona a los malos servidores públicos, de la disciplina depende la credibilidad del Poder Judicial de la Federación y sus resoluciones.
“La legitimidad de los jueces está fincada esencialmente en su actuación honesta y por tanto acatable. Tolerar a alguno de estos corruptos es ir en contra de la naturaleza de un juez, es propiciar la destrucción de todo el sistema judicial federal, es perder la credibilidad de nuestra institución que tiene como finalidad inalterable la defensa de los derechos y la protección de los gobernados frente a la arbitrariedad. ¿Cómo podríamos tolerar a un corrupto? Lo digo terminantemente y sin rodeos, ¡de ninguna manera! no hay forma”.
Consideró que corrupto no es sólo quien acepta dádivas económicas, que es el más obvio, sino “todo aquel que corrompe el servicio de justicia, la dignidad del juez, al que agrede a sus compañeros, al que abusa de sus empleados, al que ofende a la mujeres, al que no tiene una conducta personal en correspondencia con la dignidad de su cargo y aun al que no aprecia debidamente y tiene orgullo de su propio papel en la vida constitucional”.
Explicó que los expedientes relativos a los procedimientos disciplinarios de oficio e investigaciones, se desarrollan atendiendo al caso concreto, con pleno respeto a los derechos fundamentales de presunción de inocencia y del debido proceso, y que, con apego a esos principios, se han sancionado a 63 funcionarios del PJF mediante procedimientos disciplinarios en forma de juicio.
Entre ellos están 11 magistrados de Circuito, con sanciones que van desde amonestación hasta la suspensión del cargo, y la imposición de diversas medidas disciplinarias a 14 jueces de Distrito, de los cuales dos fueron destituidos, por considerar que sus conductas son indignas de un juez e intolerables para continuar en el cargo.

Seguridad de los juzgadores
Este fue uno de los temas relevantes del informe del Ministro Aguilar Morales, quien reiteró la condena al asesinato del juez de Distrito ocurrido en Toluca, Estado de México, pero aclaró que el Poder Judicial de la Federación cuenta con protocolos y sistemas previstos para proporcionar, a los juzgadores, protección para ellos y en algunos casos para sus familias.
“Esto no es novedad: en el Poder Judicial de la Federación, tiene ya varios años de implementado, no estamos sólo reaccionando a un evento en particular ni mucho menos hasta ahora”.
Advirtió que ninguna agresión a ningún funcionario del Poder Judicial de la Federación puede, ni de lejos, ser aceptada ni tolerada, mucho menos el homicidio, y sobre este último caso insistió en que las autoridades competentes están realizando la investigación correspondiente.
“Tengo entendido que no han concluido todavía quién es el autor intelectual de este delito y tampoco del móvil que lo generó. Me parece agraviante para la víctima, para su familia y para la verdad, que se especule con ello y se afirme lo que no se ha demostrado”, dijo el Ministro Presidente.
Pidió, por ello, no generar un ambiente de temor injustificado para nuestros juzgadores, sus familias y no propiciar un lastre en su libertad y tranquilidad para juzgar. Detalló que actualmente a 79 juzgadores, jueces de Distrito y magistrados de Circuito se les ha dotado de seguridad especial. Cuentan con vehículos blindados, escoltas, chalecos protectores, radios de comunicación y un seguimiento cercano.
“Y, desde luego, si pudieran ser más los que lo necesiten, así lo haremos, les daremos esa protección, dentro de los protocolos que existen y siempre que ellos mismos así nos lo digan y comprobemos razonablemente que realmente lo requieren”, garantizó.
El Ministro Aguilar Morales rechazó que la violencia en contra de los jueces o el personal del PJF sea algo cotidiano, o continuo, y aseveró que el homicidio del Juez es un caso excepcional, no por eso menos indignante y terrible, pero aislado.
Para garantizar la seguridad de los juzgadores, dijo, se cuenta con el apoyo estratégico y operativo de varias autoridades federales como la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina e incluso de las policías de la Ciudad de México y de las Entidades de la República, además de personal de seguridad y sistemas de vigilancia con cámaras de circuito cerrado en todas las instalaciones.
Resaltó que el CJF, su Presidente, Consejeras y Consejeros actúan con gran responsabilidad ante las amenazas y toman las medidas necesarias para garantizar la integridad de todo el personal y también del público usuario que acude a las instalaciones del PJF.
“No lo podemos dejar al azar, ni podemos ser indiferentes a ello sin caer en la irresponsabilidad, por el contrario actuamos con seriedad y respeto por la vida humana”.
El Ministro Aguilar Morales recordó que en los últimos años el trabajo se ha incrementado de manera notable, hace escasos siete años, en 2009, la SCJN recibía poco más de cuatro mil 460 asuntos en todo el año. Ya esa era una buena carga de trabajo, sin embargo, para este año estadístico se recibieron 16 mil 139, prácticamente cuatro veces más.

“De ahí que debemos buscar respuestas para solventar esta tendencia objetiva; que quede claro, no con el afán de reducir simplemente el trabajo de esta Suprema Corte, puesto que la función jurisdiccional es vocación plena de las Ministras y los Ministros que con plena convicción, a esta fecha, hemos resuelto más de 12 mil asuntos en este periodo”, destacó.

Comunicación social
El Ministro Presidente ratificó el compromiso del Alto Tribunal de mantener una comunicación con la sociedad, por lo que se favoreció la difusión de información tanto de la actividad de la SCJN y del CJF y se adoptaron innovaciones mediante el uso de tecnologías de la información.

“Conscientes de que las actuales herramientas de comunicación electrónica son las más eficientes, en tarea de la Dirección de Comunicación Social de este Alto Tribunal nos incorporamos a ellas, mediante la red social denominada Facebook, en donde en menos de seis meses rebasamos los 120 mil seguidores y con la cual logramos llegar literalmente a millones de usuarios”, enfatizó.

PJF

INEGI Y EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
PRESENTAN CUARTO CENSO DE IMPARTICIÓN DE
JUSTICIA FEDERAL

El Censo de Impartición de Justicia Federal (FIJF) ofrece información sistematizada sobre el quehacer jurisdiccional y administrativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), así como de los más de 800 Tribunales Colegiados (TCC)y Unitarios de Circuito (TCC)y Juzgados de Distrito que integran el sistema de impartición de justicia federal mexicano.
Este Censo tiene como objetivo generar información estadística y geográfica del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de que ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro de los procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas de alcance nacional en materia de impartición de justicia.
El CIJF cuenta con una base de más de 10 mil 450 datos y los más destacados se presentan en 47 tabulados publicados en la página electrónica del INEGI y accesible a través de enlaces en las páginas de las instituciones que conforman el PJF. El Censo guarda consistencia conceptual, temática y metodológica, lo que permitirá hacer análisis y comparaciones con resultados de otros instrumentos.

Amparos Directos en Revisión
Algunos de los datos que destacan: en el año 2015 ingresaron un total de 1 millón 051 mil 650 asuntos, por 1 millón 032 mil 751 asuntos resueltos en los Tribunales Colegiados de Circuito (TCC), los Tribunales Unitarios de Circuito (TUC) y los Juzgados de Distrito (JD).
Del total de asuntos que tuvieron conocimiento los órganos jurisdiccionales de la SCJN durante el año 2015, destacan los procedimientos de “Amparo Directo en Revisión”, que representaron el 43.6 por ciento y 55.3 por ciento de ingresos y resoluciones, respectivamente.
Del total de asuntos que tuvieron conocimiento los órganos jurisdiccionales del TEPJF dentro del periodo 2015, destacan los procedimientos de “Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano”, que representaron 72.7 por ciento y 72.5 por ciento de ingresos y resoluciones.

Base Trabajadora
En cuanto al personal con el que contaba el PJF al cierre del año 2015, se identifica un total de 44 mil 560 servidores públicos, de los cuales se registró que 3 mil 418 (7.7 por ciento) se encontraban adscritos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 1 mil 630 (3.6 por ciento) adscritos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y 39 mil 512 (88.7 por ciento) al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), dentro del cual se contabiliza también todo el personal de los TCC, los TUC y los JD, así como personal del Instituto Federal de Defensoría Pública.

En 2015, las mujeres representan el 49.9 por ciento de la plantilla laboral del Poder Judicial de la Federación. 

miércoles, 21 de diciembre de 2016

Avances de investigación

Recibió documentos oficiales y privados, vídeos y fotografías, que relacionan a más implicados


EL ATAQUE QUE SUFRIÓ 
EL COMUNICÓLOGO Y ARTISTA PLÁSTICO 
JUAN CARLOS MARTÍNEZ, PRONTO A ESCLARECERSE  

    "Agradezco a las personas que enviaron información relacionada con el despojo, robo de obra arte y la biblioteca, así como la privación ilegal de la libertad en contra de el comunicólogo mexicano  Juan Carlos Martínez, y artista plástico, quien fuera objeto de estos ilícitos el día 14 de marzo de 2014, el lugar de los hechos fue el predio ubicado en la calle de Doctor Río de la Loza 234, colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, señaló.

    Con estas pruebas documentales oficiales y particular, vídeos y fotografías que se me enviaron se establece la relación con cada uno de los indiciados mencionados coludidos y "otros que desconocía su participación en los hechos delictuosos", pero sobre todo con funcionarios públicos tal y como se menciona en la carpeta de investigación FCH/CUH-8/T3/1102/14-03; estas pruebas serán presentas de manera inmediata a la agencia del Ministerio Público como un regalo de navidad y reyes para el próximo 2017.

    Agradezco -dijo el periodista, recientemente galardonado por el Senado de la República, así como premio "José Vascocenlos 2011", otorgado por el Seminario de Cultural Mexicana de la Secretaría de Educación Pública-, a Rodolfo Fernando Ríos Garza, titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ahora ciudad de México, por dar seguimientos a hechos tan lamentables que suceden a cada día en esta gran ciudad que ya ni es tan transparente.

     Asimismo la gran labor titánica de los representantes del ejecutivo como es al titular de la  que agradece al Ministerio Público Alejandro Gamboa Olivares, la ministerio Público Ana María Esquivel Silva y la oficial secretario Irma Robledo Romero.

jueves, 8 de diciembre de 2016

Columna


CRÓNICA SUMMUM IUS GENTIS

LOS ACTOS DE COLEGIOS PRIVADOS PUDIERAN
RECONOCERSE COMO ACTOS DE AUTORIDAD
  
Karl Novo

A propuesta del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en este mes de diciembre del año en curso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 334/2016, la cual deriva del sobreseimiento decretado en el juicio de amparo promovido por la madre de un menor de edad en contra de su expulsión del quinto año de primaria, por parte de un colegio privado.
El recurso de revisión cuya atracción se solicita controvierte la determinación del Juez de Distrito que considera que los actos reclamados al colegio privado no podían reconocerse como “actos de autoridad”, al derivar de una relación entre particulares y que, por tanto, conlleva obligaciones y derechos bilaterales.
En respuesta, la madre del niño argumentó que la baja definitiva de su hijo por un adeudo de colegiaturas resulta excesiva y humillante, además de que vulnera su derecho a la educación.
De esta manera, la Primera Sala consideró que el asunto reviste características de interés y trascendencia que ameritan su intervención, para pronunciarse sobre:
1. Si es posible reconocer a una institución educativa privada la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo y, de ser así;
2. Si la baja definitiva de un alumno, por adeudar el pago de colegiaturas, puede vulnerar el derecho a la educación y otros inherentes a su condición de estudiante, de modo que sea reclamable a través del juicio de amparo.

NIEGAN AMPARO POR DAÑO MORAL
A ACTOR DEL FILM “PRESUNTO CULPABLE”

Asimismo la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a propuesta del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, decidió el Amparo Directo en Revisión 3619/2015, respecto de una persona que alegaba haber sufrido un daño moral derivado de su aparición en el documental “Presunto Culpable”.
Al estudiar este recurso de revisión, la Primera Sala negó la protección constitucional solicitada por dicha persona al considerar que, en el caso concreto, la información relativa al recurrente, que fue incluida en el documental “Presunto Culpable”, estaba directamente relacionada con el interés público que le es propio al proceso penal.
En este sentido, la Primera Sala consideró que, en términos del artículo 20 Constitucional, el proceso penal debe estar orientado a materializar bienes constitucionales esenciales como son el derecho a la verdad [esclarecimiento de los hechos], la presunción de inocencia lato sensu [proteger al inocente], el combate a la impunidad [que el culpable no quede impune] y la reparación del daño ocasionado por la comisión del delito, de manera que la sociedad en general tiene interés en conocer cómo se tramitan y resuelven los asuntos en materia penal en nuestro país.

AMPARAN A PACIENTES HEMOFÍLICOS VESUS EL IMSS
  
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver el amparo en revisión 385/2016, determinó conceder el amparo a los quejosos, menores, en el que reclamaron de diversas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social la cancelación del programa de tratamiento domiciliario o en casa, por el que les eran entregados, como pacientes de la enfermedad denominada hemofilia, los medicamentos factores VIII y IX, y el equipo necesario para su aplicación; así como la abstención de las responsables de brindarles, de manera oportuna y en las dosis suficientes e idóneas, los citados medicamentos para el tratamiento de la hemofilia y otras alteraciones hereditarias de la coagulación.

En la sentencia se sostuvo que las autoridades responsables violaron el derecho a la salud previsto en el artículo 4 constitucional, sobre la base de que la medida tomada por el IMSS, consistente en la cancelación del medicamento en el domicilio del paciente, se considera como un retroceso en el goce de ese derecho, lo cual es congruente con la Observación General Número 14 del Comité de los Derechos Sociales y Culturales que prevé que la realización progresiva del derecho a la salud significa que los Estados Partes tienen la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena realización de ese derecho.
Por su parte, en relación con la abstención de las responsables de brindar a los menores, de manera oportuna y en las dosis suficientes e idóneas, los medicamentos denominados factor VIII y factor IX, para el tratamiento de la hemofilia y otras alteraciones hereditarias de la coagulación, después de valorar las pruebas periciales desahogadas en el juicio de amparo, la Segunda Sala concluyó que las autoridades responsables han otorgado un tratamiento que es conforme con los programas que integran el Manual de Procedimientos para la atención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente con Hemofilia y otras Alteraciones Hereditarias de la Coagulación en los Centros de Atención Especializada en Hemofilia del IMSS.
No obstante lo anterior, derivado de la falta de certeza por parte de ese Tribunal a la data de emisión de esta resolución, en relación con el hecho de que los quejosos continúen siendo atendidos y les sigan siendo proporcionados los medicamentos en las dosis que requieren, conforme a sus necesidades, con base en el principio del interés superior del menor, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y atendiendo a la naturaleza de la enfermedad que padecen los quejosos, así como a la fecha de emisión de los dictámenes periciales rendidos; se determinó conceder el amparo a los quejosos para el efecto de que las responsables, de inmediato, lleven a cabo una evaluación integral del estado de salud de cada uno de ellos y, atendiendo a los resultados, se determine el tratamiento que requiere cada uno y les sean suministrados los medicamentos acorde a los requerimientos de cada paciente.

miércoles, 7 de diciembre de 2016

Tortura y sus Efectos

A CONSTRUIR LOS CRITERIOS JUDICIALES DEL 
NUEVO SISTEMA JUDICIAL PENAL
QUE EXPLOREN TEMAS COMO LA TORTURA Y SUS EFECTOS: 
CONSEJERO TAFOYA HERNÁNDEZ

Inaugura la segunda fase de los “Conversatorios jurisdiccionales federación y estados”, en Apizaco, Tlaxcala

El consejero de la Judicatura Federal (CJF),

José Guadalupe Tafoya Hernández, hizo un llamado a construir criterios jurisdiccionales que consoliden al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), mediante la exploración de temas vinculados con la tortura, sus efectos procesales y la trascendencia de la valoración de las pruebas.
“Construyamos desde hoy, los criterios que habrán de cimentar nuestra actuación como juzgadores con visión experta y de jurisperitos”, expresó ante jueces y magistrados de Tlaxcala.
Al inaugurar la segunda fase de los “Conversatorios jurisdiccionales federación y estados”, en Apizaco, Tlaxcala, Tafoya Hernández hizo un recuento de las experiencias obtenidas por durante la etapa de implementación del NSJP, así como de ejercicios de retroalimentación como son los conversatorios, que aproximan al CJF a los problemas que enfrentan los impartidores de justicia, permitiéndole adoptar criterios de operación y alinear soluciones institucionales.
El también presidente de la Comisión de Carrera Judicial de este cuerpo colegiado destacó la importancia de que la justicia se imparta de forma transparente, pues ello permite a la sociedad constatar la actuación honesta de jueces y magistrados federales y propicia la confianza plena de los justiciables.
Esta nueva forma de impartir justicia que se impulsa desde el Consejo de la Judicatura Federal está acompañada de políticas institucionales encaminadas a la capacitación y actualización permanente, así como a la adopción de buenas prácticas judiciales que redunden en un servicio de justicia de calidad tanto para el justiciable como para los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), destacó.
Por ello, señaló, debemos asimilar el debate que tengamos en este conversatorio y no entenderlo como un mero intercambio de anécdotas, ya que es el punto de partida que dará coherencia al conjunto de los actos procesales, sujetos a un control judicial dentro del NSJP.
Dijo que esta fase del nuevo sistema de justicia penal representa para los juzgadores federales y locales, una oportunidad para los ajustes y correcciones de los conceptos y criterios. Recordó que entre los meses de marzo a junio del presente año se realizó un primer ejercicio constructivo entre juzgadores federales y sus homólogos de todas las entidades que conforman el Pacto Federal, hecho que permitirá orientar a los nuevos juzgadores.
Tafoya Hernández destacó que esta segunda ronda de trabajos dirigidos a la consolidación del sistema de nuevos instrumentos procesales en materia penal, requiere perfeccionar el conocimiento y aplicación de técnicas novedosas, así como una labor acompañada de claridad y certeza jurídica.

Con esta nueva edición de los diálogos, añadió, se reafirma y se hace patente que la interacción de los fueros jurisdiccionales dará rumbo a la consolidación de la reforma penal.

martes, 6 de diciembre de 2016

Penal

EL TRIBUNAL COLEGIADO AMPARA Y PROTEGE A INDIGENA DE LA
ETNIACHOL POR SUPUESTO HOMICIDIO DE RECIEN NACIDO

El Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán, informa, en el amparo 390/2016, bajo la ponencia del Magistrado Jorge Enrique Eden Wynter García, que basado en la perspectiva de género concedió la protección de la justicia federal a una quejosa perteneciente a la comunidad indígena de la etnia Chol, originaria del poblado de Teoquipa el Bascán, Chiapas, en contra de la sentencia definitiva dictada por la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán que la declaró penalmente responsable del delito de homicidio en razón de parentesco o relación (en agravio de su hijo recién nacido), imponiéndole las sanciones de 10 años y un día de prisión, así como el pago de la reparación del daño.
Por unanimidad de votos, los magistrados federales resolvieron que la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia estatal no aplicó la perspectiva de género a que están obligados todos los juzgadores del país, cuyo objetivo es detectar las situaciones de desventaja tales como las condiciones propias del suceso, derivadas del género mismo, y las barreras culturales evidentes, así como garantizar una impartición de justicia efectiva, completa e igualitaria.

ANTECEDENTES:

La Sala Colegiada Penal responsable estimó que la mujer privó de la vida a su hijo inmediatamente después de que nació, al abandonarlo dentro de un inodoro de baño que contenía agua, lo que propició que falleciera asfixiado por sumersión.
Concluyó el órgano jurisdiccional de amparo que aun cuando quedó demostrado que la quejosa tuvo un embarazo y que el 7 de julio de 2013 alumbró a un niño en el interior de un baño ubicado en un predio de la ciudad de Mérida, Yucatán, en el que laboraba como doméstica, las probanzas no fueron concluyentes para determinar plenamente que, con desacato al deber jurídico impuesto por la norma penal, haya sido ella quien privó de la vida al recién nacido, pues el escenario probatorio pone de manifiesto la actualización de la excluyente del delito prevista en la fracción I del artículo 21 del código punitivo local, en la medida en que el desenlace fatal no fue por voluntad de la quejosa sino por las condiciones y momentos particularmente complicados que sucedieron en torno al evento, tales como el malestar que súbitamente la invadió debido al parto que atendió sola y sin ninguna asistencia médica, lo que sin duda reveló falta de claridad mental en ella para tomar decisiones y, por ende, ausencia de dolo en su conducta.

Aunado a lo anterior debió considerarse las circunstancias y barreras socio culturales y económicas que igualmente giraron en torno al hecho, como pericialmente se demostró, tales como sus rasgos de identidad y pertenencia con su comunidad de origen cuyo índice de marginación es muy alto, y mínima educación sexual y reproductiva, lo que a su vez denotaba falta de información de la solicitante de amparo respecto a embarazos derivados de una relación eventual. Dichos aspectos no debieron ser soslayados por la mencionada Sala responsable al momento de juzgar para conceptualizar el caso a partir de una perspectiva de género, señala la sentencia del Tribunal Colegiado.